Published in El Nuevo Día: PUNTO DE VISTA on July 7, 2020
Dos principios cardinales en la gestión pública. Hoy más que nunca exigen modificar cómo se han estado haciendo las cosas en la administración pública del país. El pueblo demanda, exige la mayor transparencia en la gestión gubernamental de forma que se recupere, en lo que se pueda, la confianza en sus instituciones y gobernantes.
Los que ocupan posiciones públicas son nuestros servidores. Tienen un deber de fiducia para con el pueblo. Fiducia entraña confianza y buena fe. Ellos administran temporeramente la cosa pública mientras dure su mandato o nombramiento, y deben cuidar del patrimonio encomendado como un “buen padre de familia”.
Están obligados a informarnos de la cosa pública y a cuidar nuestras instituciones: los departamentos de Justicia, de Educación, del Trabajo, y de la Familia, y la gobernación, entre otros. Todo en función de que podamos tener confianza en que se está haciendo lo correcto y para beneficio del pueblo de Puerto Rico. Sin embargo, día tras día vemos cómo esos deberes son golpeados e incumplidos. Se ha vulnerado la credibilidad de funcionarios erosionando más la confianza que debemos tener en las personas que nos gobiernan y en el funcionamiento de nuestras instituciones.
Un evento tan importante como es la renuncia solicitada de la secretaria de Justicia, la segunda en orden sucesoral constitucional, se comunicó como un evento sin importancia. Un pase por debajo del radar. Eso de por sí constituye un irrespeto al derecho de información de los principales que encomendaron la gestión pública. Hoy nos dicen otra historia. De lo que resultaba ser una pérdida de confianza, ahora se nos dice que fue un evento significativo, unas graves faltas éticas que ameritaban la acción que se tomó. Claro, esto después del revuelo que causó el episodio del referido al Panel del FEI y la orden de no radicar. Otra vez nos indujeron a creer algo que luego resultó no ser.
Aun cuando reconozco que la gobernadora hizo bien en explicar su versión, a lo abogado, lo cierto es que no fue de manera espontánea sino forzada por las circunstancias. Describió el proceso de la inhibición de la secretaria Longo, la confirmación por la Oficina de Ética y una correspondencia que levanta serias dudas sobre si en efecto hubo actuaciones en violación a la inhibición o se trata de la apariencia de conflicto.
Todo esto en el contexto de un referido al Panel del FEI para que se investigue a la gobernadora y personas allegadas a esta con relación al tema de la distribución de ayuda a los damnificados por los terremotos. Un referido suscrito por tres fiscales y la secretaria, que en palabras sencillas, le indican al Panel que esas personas probablemente cometieron delitos al manejar las ayudas.
Parecería que la crisis del verano del 19, la devastación causada por el huracán María, las consecuencias emocionales y de propiedad resultantes de los temblores y la amenaza de muerte del COVID-19 no son suficiente flagelo para nuestro pueblo. Había que añadirle otra falla más en la credibilidad del gobierno. Había que sumarle razones adicionales por las cuales deteriorar más la confianza en nuestras instituciones y en nuestros gobernantes.
