Publicada en El Nuevo Día: lunes, 21 de octubre de 2019
No hay tal cosa como una solución simple e inmediata a un problema tan complicado en su origen y en sus múltiples manifestaciones. Nos provoca un sentido de urgencia cuando ocurren las masacres y los asesinatos a plena luz del día.
Mientras, no le prestamos atención, ni actuamos ante las infracciones a la sana convivencia que día a día nos enfrentamos. Un ejemplo es el tráfico vehicular y los que no hacen fila para colarse. Esa impunidad que premia al bravo, al listo, genera una actitud de desidia, de frustración que va percolando y nos hace insensibles al crimen ordinario que, como un afluente a un río, contribuye al caudal que nos inunda, manifestándose en la llamada “ola criminal” que se dice “nos azota”; y que nos impide lograr el Puerto Rico justo (en su expresión más amplia), de progreso, inclusivo y sensible que todos queremos.
¿Qué hacer? No hay duda de que la pobreza es la fuente principal, la semilla que produce al actor del crimen. Aunque hay que atenderla prioritariamente, si es cierto que queremos un País de primer mundo, ésta no la vamos a resolver ahora ni en el mediano plazo.
Todos miran al gobierno como el responsable de resolver el crimen y el culpable de que no se logre. Ciertamente, el Estado es el encargado de promover y mantener la paz ciudadana. Paz que no se logra con la corrupción y el partidismo político. Estos son temas para otras conversaciones. Como ocurre casi siempre, lo urgente no nos deja atender lo importante.
¿Qué hacer a corto plazo? Las penas o condenas altas y sin discreción no son disuasivas. El castigo mayor es la muerte. Nuestros jóvenes se enfrentan a ella diariamente y aún así no se alejan de la actividad criminal. Lo que si produce un efecto a corto plazo es saber que te van a pillar; que si delinques el Estado tiene las herramientas para apresarte y procesarte justa y prontamente. Para ello, es indispensable una fuerza policial suficiente, entrenada y equipada.
Sin un proceso investigativo inicial, con personal y equipos especializados, los casos no llegan a ser esclarecidos y el criminal queda impune. Además de la policía, el Instituto de Ciencias Forenses es imprescindible. El resultado a tiempo de autopsias y pruebas balísticas, toxicológicas, químicas y ADN, con el personal capacitado y equipado con la mejor tecnología, son determinantes para un esclarecimiento y procesamiento exitoso. En el proceso presupuestario es crítico dotar de los recursos necesarios a esas instituciones.
Dos eslabones más tienen esa cadena. El Departamento de Justicia y sus fiscales, y la rama judicial y sus componentes. Ambos están matizados en el origen, el nombramiento, en la política partidista. Debe ser el mérito, la capacidad, intelectual y profesional, lo que determine si se nombra un fiscal o un juez. De lo contrario, vemos episodios donde uno u otro han fallado patentemente generando mayores frustraciones en la ciudadanía. El abuso de poder, la persecución política y el discrimen no tienen cabida en las medidas para reducir la criminalidad.
Siguiendo el principio constitucional de la presunción de inocencia, una defensa competente es también fundamental. Por eso la asistencia legal al indigente debe ser parte de la solución para evitar el encarcelamiento de inocentes. De igual manera, conservar y proteger el derecho a la fianza que deseamos tener si se trata de alguien querido o de uno.
Al final está el sistema correccional. No podemos cambiar el curso de la delincuencia si lejos de rehabilitar, el sistema se convierte en la escuela para la reincidencia. Son muchos los factores que inciden en mantener un sistema carcelario que rompa la cadena de la delincuencia. A pesar de la oposición generalizada, lo cierto es que el reo es otro ser humano, pero bajo la custodia y control del Estado. El principio moderno no es castigar, es rehabilitar. Para ello, las condiciones de la prisión tienen que ser adecuadas, lo que incluye la alimentación, los servicios médicos (físico y mental), educación, readiestramiento y trabajo, entre otras.
No debemos soslayar el rol del gobierno federal sobre el tema. Las drogas y las armas son los dos componentes principales del crimen. Ambas están directamente bajo el control del gobierno federal en la jurisdicción de fronteras y de transporte interestatal. Sin un control real y efectivo de la entrada de drogas y armas, el crimen seguirá alimentándose. Les corresponde a ellos asignar los recursos necesarios para detener el flujo de lo que agrava el problema.
Lo anterior no es más que una descripción generalizada y no exhaustiva de lo que a corto plazo deberíamos hacer, si la Junta de Supervisión Fiscal nos deja. Y, evidencia, además, las complejidades para atajar el problema. Además, debemos traer a la mesa propuestas innovadoras pero reales que sean eficaces en llevarnos a la paz social que nos merecemos.
Foto Kat Wilcox
